300 familias trabajadoras son expulsadas de las costas chilenas de Pichilemu

(Fabiola Miranda Aguilar / Gipart)

Un desalojo judicial vulnerando el código civil puso fin a las ancestrales practicas de la actividad pesquera y alguera de la región.

(Fabiola Miranda Aguilar / Gipart)
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A menos de un mes que la presidenta chilena Michelle Bachelet asumiera su cargo y el subsecretario de pesca Raúl Súnico comprometiera un irrestricto apoyo a la pesca artesanal, en la costa de la comuna de Pichilemu, de la región de O´Higgins, un pequeño asentamiento llamado “Los Huachos” fue desalojado por la fuerza pública, comunicó el Grupo de Investigación de la Pesca Artesanal y Sociedades Costeras – GIPART, el pasado 4 de abril.

Aseguran en dicha publicación que la acción llevada a cabo por Carabineros, junto a más de 30 efectivos policiales y civiles contratados, tuvo por efecto el desalojo de las familias del lugar y el desarme de la infraestructura ocupada por los pescadores en sus labores productivas.

Según datos que aportó GIPART, fueron los dueños del fundo quienes solicitaron judicialmente el desalojo bajo el argumento de ciertas interpretaciones de un documento de la Capitanía de Pichilemu.

La recolección de algas en la costa de la región de O’Higgins, es una práctica ancestral fuertemente arraigada y motor económico de un sinnúmero de familias que viven y se sustentan de la actividad recolectora. Sin embargo, esta actividad socioeconómica descansa sobre una triste historia de la relación entre algueros y dueños de fundo, incluida la violencia patronal.

El conflicto se retrotrae a la época de la dictadura militar (iniciada en 1973) donde CONAF (Corporación Nacional Forestal) tomó el fundo, se hizo cargo del acceso y comenzaron las restricciones; los antiguos algueros fueron desplazados y el lugar fue restituido a su actual dueña.

Eduardo Cordero, alguero y dirigente del sector Los Huachos declaró que recién con el retorno al gobierno democrático, la propietaria permitió nuevamente el acceso de algueros y sus familias, y por varios años todo marchó bien.

Sin embargo, las restricciones una vez más comenzaron: cartas con normas de convivencia, un reglamento draconiano, apresamientos y persecuciones tensaron nuevamente las relaciones.

“Nosotros le contamos a las autoridades, y no vinieron a ver”, relató Cordero.

Fabiola Miranda, investigadora del Grupo de Investigación de la Pesca Artesanal de la Escuela de Antropología de la UAHC, quien ha trabajado en las caletas y asentamientos algueros del sector costero de las comunas de Pichilemu y Paredones, hace hincapié sobre la profunda problemática social instalada en el territorio: “Esto es un caso histórico con el que deben coexistir los pescadores artesanales algueros y algueras en la VI región”.

Resalta la investigadora que la falta de regularización sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras del mar, en cuanto al acceso efectivo a su lugar de trabajo, derechos mínimos de servicios básicos como acceso a baño, agua potable y luz, son elementos que al no estar regularizados dejan alrededor de 300 familias desprovistas de un trabajo, ingresos y respaldo social mínimo”.

Por otro lado, la antropóloga señala que “estos hechos no pueden seguir siendo silenciados como ha sucedido hace más de un siglo, donde la quema de rucos, los azotes a recolectores de orilla para evitar su acceso al trabajo, han sido temas invisibilizados”.

Por último, manifiesta que uno de los mayores problemas son las trabas a la actividad pesquera artesanal, tema que a su criterio debiera preocupar a las autoridades pues la mayor cantidad de exportaciones de algas que se realizan en el país es precisamente en esta región.

Destaca la urgencia con que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que por un lado esto no permite el control productivo y territorial de parte de las comunidades de pescadores artesanales; y por otro, las recomendaciones de organizaciones internacionales apuntadas a superar la pobreza en la pesca artesanal, es el garantizar el acceso equitativo a la pesca y con esto lograr sostenibilidad de los recursos y del ámbito laboral, y con este tipo de prácticas no se logra, agrega.

Menciona además GIPART que desde el punto de vista legal, la situación sienta un mal precedente para la pesca artesanal en Chile, puesto que el desalojo aquí dispuesto judicialmente se encontraba al margen de la ley, vulnerando los códigos 612 y 613 del Código Civil con respecto a la servidumbre de pesca.

Estas normas establecen que a partir de la línea de la más alta marea, pueden hacer uso efectivo pescadores, algueros y recolectores hasta los ocho metros en tierra.

En tanto, el concejal de Paredones y también alguero, Emiliano Guerrero, manifestó que “ha sido todo muy complicado. He sido dirigente toda mi vida de los pescadores artesanales y soy pescador artesanal. Es una brutalidad tremenda cuando el fundamento es un error, porque carece de fundamento jurídico“.

Por su parte, Genaro Guerrero, dirigente de la CONDEPP, mostró su preocupación por esta situación ya que “no deja de ser un aliciente al resto de los dueños de predios, porque lo único que quieren acá en esta parte es que nosotros salgamos de la orilla, donde trabajamos desde tiempos inmemoriales”. Para el dirigente este desalojo forma parte de una estrategia para sacar a los pescadores orilleros: “el empeño aquí, es lisa y llanamente hacernos desaparecer de la orilla del mar.

En relación a la cantidad de familias que se podrían ver afectadas, Guerrero manifestó que “aquí en los 110 kilómetros de costa que tenemos en la VI región hay más o menos 15 asentamientos de recolectores de algas y la verdad es que hay sectores muy numerosos donde hay doce o trece familias por sector y hay alrededor de unas 300 familias en la recolección de algas”.

Por último, con respecto al pronunciamiento oficial sobre el desalojo señaló que hasta el momento no ha habido autoridades, ni de gobierno ni del municipio, que se hayan pronunciado respecto a esta problemática.

La pesca artesanal viene sufriendo una profunda crisis que se viene acrecentando hace más de dos décadas, sumado a una creciente problemática territorial que tiene a comunidades costeras expectantes sobre su futuro, añadió GIPART.

Esperan, además, que las autoridades se pronuncien sobre este hecho y el tema se ponga sobre la mesa, valorando de esta manera tanto el trabajo de recolectores y algueros como su cultura e historia.

Por Giannina Parrado – La Gran Época

redaccion@sohnetwork.com

 

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