Ambientalistas en puja por agresivo plan de extracción de YPF

Especialistas dicen que existen recaudos suficientes para responsabilizar al Estado y la empresa por daños ambientales en las tareas de explotación de petróleo, pero las denuncias quedan truncas en la justicia argentina.

Como resultado de un agresivo plan exploratorio y con el objetivo de ampliar los recursos en hidrocarburos, la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) anunció en marzo que descubrió 15 millones de barriles de petróleo como nuevo recurso energético.

YPF detalló que el hallazgo del recurso se sitúa en la ciudad de Los Caldenes, provincia de Río Negro con una superficie de 115 Km cuadrados, siendo el último antecedente el del año 1999 con la perforación del pozo Laguna Atamisqui.

“El relanzamiento de la exploración en las cuencas productivas está dando sus frutos. Somos entusiastas con que esta actividad seguirá dando los resultados esperados y nos permitirá sumar recursos valiosos para el país”, afirmó en el comunicado, Carlos Colo, gerente ejecutivo de Exploración de YPF.

Una visión diferente planteó el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y la organización Ecojure, quienes destacaron en su informe de octubre pasado que la carrera vertiginosa hacia la explotación al máximo de sus recursos naturales va de la mano a una debilidad institucional de las jurisdicciones estatales cuya función debería custodiar el ambiente y a quienes lo habitan.

Especialistas del derecho y ambientalistas entendieron que existen recaudos suficientes para responsabilizar al Estado Nacional e YPF por las tareas de explotación del hidrocarburo, a raíz de reclamos por daños ambientales, pero hasta el momento las denuncias quedaron truncas ya que la jurisprudencia del máximo tribunal argentino sostiene el criterio opuesto.

En 2012 la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) demandó al Estado y varias provincias petroleras por la causal de daños ambientales, alegando fundamentalmente que YPF perjudicó todo el ecosistema de las provincias demandadas, sobre todo con la desertificación dichos territorios.

Consecuencia de ello, los abogados entendieron que igualmente los demandados, Estado Nacional y provincias, incurrieron en omisiones en el ejercicio del poder de la policía, ya que les corresponde en materia ambiental.

Pese a las denuncias, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN), rechazó el planteo de las actuaciones de Abogados Ambientalistas, ya que sobre el mismo objeto procesal –el daño ambiental- existía otra causa de 2004 también desestimada por parte de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, lo publicó el 14 de marzo el sitio web Abogados.

YPF precisó el 11 de marzo que el ensayo final del nuevo reservorio de petróleo registró una producción por surgencia natural de 6000 litros/hora de petróleo, y que el nuevo yacimiento permitirá aumentar la producción de petróleo convencional, generando así mayor crecimiento y desarrollo para las provincias involucradas y el país.

Ambientalistas proponen la sustitución por energías renovables no contaminantes

El informe técnico legal del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Ecojure, sobre fracturación hidráulica en Argentina, afirma que Argentina por decisión política se encuentra en una carrera vertiginosa hacia la explotación al máximo de sus recursos naturales; lo precisó en octubre de 2013.

La investigación llevada a cabo de manera conjunta, considera que esto se da en un contexto de debilidad institucional de las jurisdicciones estatales y que estas falencias pueden ser explotadas por quienes pretenden desarrollar actividades industriales sin atender las consecuencias sociales y ambientales que pueden acarrear para generaciones presentes y futuras del pueblo argentino.

En todo caso, aduce, las decisiones estratégicas sobre la utilización intensa de nuestro subsuelo necesariamente implica la necesidad de promover discusiones y debates amplios e informados que nos permitan como sociedad tomar decisiones criteriosas y adoptar políticas al corto, mediano y largo plazo que se traduzcan en la defensa de nuestra soberanía y que nos encaminan hacia la construcción de un país fundado en la justicia social, cuya condición sea sine qua non el respeto a un medio ambiente sano, tal como se encuentra consagrado en la Constitución.

Los ambientalistas consideran que el debate se da en el marco de un déficit energético nacional, y que a pesar que Argentina es un país rico en cantidad y diversidad de fuentes energéticas y de que el problema del abastecimiento energético es de larga data, aún no logra contar con una matriz energética que satisfaga la creciente demanda de consumo de sus habitantes, ni el país cuenta con una política estratégica que la encamine hacia una forma sustentable para la producción y consumo de energía, que garantice además su independencia energética a largo plazo.

Más aun cuando los investigadores se refieren a pruebas científicas que son contundentes, confirmando que el desarrollo industrial de los últimos dos siglos, ha deteriorado a nuestra atmósfera por la emanación desmesurada de dióxido de carbono y otros gases como metano, carbón negro e hidrocarburos, los que están conduciendo rápidamente a nuestro sistema climático y a nuestra atmósfera a un colapso irreversible.

El CEDHA-Ecojure apuntan a que la solución se encuentra en la exploración, investigación e innovación, con un cambio de tecnología que incorpore cada vez más energías renovables no contaminantes (como la eólica, la solar o la de las mareas), y cada vez menos energías fósiles y contaminantes como lo es el petróleo, al carbón y el gas.

Hablando más claramente, se trata de la exploración del gas y/o petróleo no convencional (a veces denominado gas de pelitas o shale gas/oil), utilizando una tecnología que se denomina “fracturación hidráulica”.

Ello garantizaría un futuro más limpio y más sustentable, con menos humo, menos emanaciones de gases y menos quema de combustibles fósiles.

Por Giannina Parrado – La Gran Época

redaccion@sohnetwork.com

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