¿Pueden las cárceles argentinas evitar la reincidencia?

¿Pueden las cárceles argentinas evitar la reincidencia?.

Pese a la falibilidad del sistema penitenciario, los circulos académicos aspiran a la solución

En Argentina, un destacado abogado a nivel académico especializado en temas carcelarios, Dr. Leandro Halperin, señaló que el sistema penitenciario argentino no ha cambiado lo suficiente como para brindar a los recluidos en prisión la certeza de que no van a volver a reincidir.

En su blog “Acariciando lo áspero”, Halperin escribió recientemente que las cárceles argentinas no colaboran con una vuelta no conflictiva al medio libre, y que de hecho favorecen la reiteración en el delito.

Mencionó que entre los factores que juegan un rol negativo, se sitúan las constantes situaciones de violencia institucional, la corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos, conspirando de esta manera contra los objetivos declamados por la pena privativa de libertad, precisó en su blog.

Agrega el abogado que la reincidencia es pluricausal y en ocasiones existen sentencias judiciales que no colaboran con evitarla. En su opinión, el sistema penitenciario del país ejerce una influencia nociva.

En este marco, la Universidad de Buenos Aires (UBA) viene implementando hace casi dos décadas un programa educativo dentro de las cárceles, UBA XXII, a partir del convenio firmado en 1986 con el Servicio Penitenciario Federal luego del retorno a la democracia.

Bajo la dirección del propio Dr. Leandro Halperin, el programa comenzó con el Centro Universitario Devoto (CUD), y su eficacia hizo que se extendiera a otros penales como Ezeiza, Marcos Paz y Caseros.

“A veinte años del inicio del programa, me doy cuenta de que construir espacios donde se ejerzan los derechos, que las cárceles no sean un lugar de castigo reproductor de conductas delictivas sino que rompan esa lógica –que irrumpa una lógica diferente, desde la libertad, como la que lleva la Universidad de Buenos Aires– es también una política de Seguridad”, dijo la fundadora del programa Lic Marta Laferrière, en el portal de la UBA.

El uso excesivo de la prisión preventiva como elemento adverso

El hacinamiento y la falta de separación entre procesados y condenados en los establecimientos carcelarios, se presentan como potenciadores de la problemática carcelaria, siendo estos un subproducto de otra como lo es el uso excesivo de la prisión preventiva.

Según el último informe de 2014 publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema penitenciario de América Latina aplica en demasía la modalidad detención preventiva.

Ello significa, personas que se encuentran detenidas en establecimientos carcelarios sin juicio previo ni sentencia firme, lo que constituye una excepción a los principios constitucionales de inocencia y al debido proceso legal, incluyendo también el principio de libertad como derecho natural e inherente a la persona humana.

De hecho, la Comisión observó que hace más de una década el continente utiliza la prisión preventiva de manera arbitraria e ilegal, tomando la problemática un cariz de cronicidad.

Hasta 2008 la Tercera Reunión de Autoridades de Políticas Penitenciarias y Carcelarias, dio cuenta que en promedio más del 40 por ciento de la población carcelaria se encontraba en prisión preventiva.

“Es llamativo cómo este cuadro se presenta pese a la existencia de normas internacionales vinculantes, derivadas del derecho internacional de los tratados, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva; del amplio reconocimiento constitucional de estos derechos en la región; y del compromiso político expresado al más alto nivel por los Estados desde hace más de veinte años en el marco de las Cumbres de las Américas, la última celebrada en 2001”, precisa la CIDH.

Por ejemplo Brasil, que posee una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo, aproximadamente 550 mil personas, en 2013 habían 217 mil que estaban detenidas en espera de juicio, constató el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

Este equipo realizó también años anteriores visitas a El Salvador, Colombia, Honduras, Ecuador, Canadá, Argentina y Perú, registrando igual problemática.

Según aporta el informe de CIDH, hasta 2012 Bolivia registró los índices más altos, siendo el 84 por ciento de las personas privadas de libertad en estado preventivo, y sólo el 16 por ciento posee condena firme; sumado a que la actividad delictiva va en constante ascenso a pesar de las reformas a la legislación penal de los últimos años.

Por su parte, Nicaragua tiene solo un 12,3 por ciento de acusados contra un 87,7 por ciento de condenados, siendo en consecuencia el país con más bajos promedios en la aplicación de la prisión preventiva.

Por Giannina Parrado – La Gran Época

redaccion@sohnetwork.com

 

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