Tribunal de Cuentas revela cómo en España se reciben fondos de la UE que no corresponden

Edificio central del Tribunal de Cuentas de la UE. (Captura de video). da click para ampliar la imagen.
Los auditores aclaran que no están calificados para medir si además hay fraude, pero dan claros ejemplos de irregularidades en el sector de construcción, agrícola, o en los sueldos a privados beneficiados.

 

El tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCE) reveló que España y otros países miembros que solicitaron en 2013 fondos incurrieron en irregularidades, indica el informe anual del ejercicio del 2013.

Las empresas que solicitaron fondos en España no cumplieron los contratos, las normas de licitaciones, o en otros casos se asignaron dineros a sueldos de directores privados que no correspondían al proyecto, y en relación a la compra de cuatro helicópteros, la UE encontró que no se destinaron al uso planificado que justificaba la entrega de dinero.

Sobre los fondos de reserva para la agricultura y desarrollo rural el Tribunal instó al país a disminuir errores políticos en el manejo de estos dineros. El documento destacó especialmente a España, que pese a las advertencias anteriores, se constató que “solo nueve de las 17 regiones contribuían al plan de acción nacional” rural.

Reclamó además que pese a las recomendaciones de que los dineros se debían usar para la inversión, los españoles los usaron “principalmente en las medidas relacionadas con la superficie de terreno”, medidas que según el Tribunal, “eran más proclives a cometer errores”.

El TCE descubrió que tanto en las transferencias a España, como en Alemania, Italia. Suiza, Bélgica, R. Checa y Suecia se detectaron declaraciones de cofinanciamientos de construcciones adicionales en obras con adjudicaciones directas al mismo contratista, siendo que las obras adicionales estaban motivadas por deficiencias en la planificación y ejecución del proyecto y no por circunstancias imprevistas, en cuyo caso no serían cuestionables.

Uno de los casos españoles fue el Proyecto FEDER, en el que se renovó un edificio público. “La fórmula especificada en el pliego de condiciones para determinar la oferta más económica alteró indebidamente el resultado de la licitación y el contrato fue adjudicado irregularmente”. Incluso añade que el contrato se modificó considerablemente después de la licitación y adjudicación.

En relación a este caso añadió que esto “constituye un incumplimiento a las normas de contratación pública de la UE”, además que “los trabajos efectivamente llevados a cabo no se ajustaron al contrato modificado”.

En otro caso sobre una construcción de una interconexión eléctrica entre Francia y España, el beneficiario de los fondos de la UE “no pudo justificar algunos costes de personal”.

El Tribunal especificó que “el problema planteado en relación a los programas españoles se refiere a un organismo de intermediación nacional que presentó en 2013 solicitudes de gasto para nueve programas regionales de FEDER”, aunque no citó cuál organismo.

En otro ejemplo de irregularidades en el caso del proyecto FEDER, la auditoría española había constatado que un beneficiario de fondos no había mantenido los puestos de trabajo recién creados durante el plazo exigido de al menos dos años, y no lo tuvo ese hecho en cuenta en la solicitud.

Los investigadores de la UE reclamaron a su vez de beneficios incorrectos como concepto de gastos generales, de parte de la República Checa, España y Rumanía.

Añadió a la larga lista, irregularidades de costos excesivos de personal en Alemania, España, Italia, Polonia y el Reino Unido. Para esto los países cayeron en un error similar al siguiente: a un director de una escuela privada se le pagó su sueldo integral con el fondo del proyecto FSE, sin considerar que tenía funciones no relacionadas al mismo.

España incurrió también en faltas tales como al recibir fondos de un trabajador en baja por maternidad. El beneficiario no pagó además las imposiciones tributarias por seis meses.

Entre los gastos no subvencionables, se menciona en el país la compra de cuatro helicópteros para usarse en un 75 por ciento para la supervisión y control de fronteras. El tribunal encontró que se usó solo un 25,5 por ciento en esta destinación, lo que significó un aporte de la UE de 8,3 millones de euros y no 24,3 millones solicitados.

El TCE aclara que los Estados Miembros, tienen la certificación de datos como único documento para garantizar la fiabilidad de las declaraciones, y todos emitieron los certificados menos Asturias en España.

En relación a los requisitos de subvencionabilidad de gastos en los proyectos de inversión fueron rechazadas parte de las solicitudes de Andalucía en España; Bulgaria; Dinamarca; en Brandemburgo y Berlín, de Alemania; Grecia; Francia; en Piemonte de Italia; Los Países bajos; Austria, Polonia, Azores en Portugal, Rumanía y Finlandia

Por incumplimiento de las normas de contratación pública fueron rechazados otros fondos a Andalucía, Brandemburgo, Berlín, Sajonia, los países Bajos, Polonia, Rumanía y Finlandia.

Pese a que pone como ejemplo una empresa que presentó una declaración en calidad de pyme cuando en realidad pertenecía a una gran empresa, o que se dio en España dinero por la ampliación de un contrato público existente sin dar a otros licitadores la posibilidad de presentar ofertas, declaró que “en su función de auditor independiente”, el TCE de igual manera “aprobó las cuentas de la Unión Europea correspondientes a 2013”.

Los auditores europeos reconocen así mismo que “la gestión de su gasto no es aún suficientemente satisfactoria en términos generales, ni en la Unión ni en los Estados miembros”, informó el Tribunal, de hecho aclaró que no mide el despilfarro y fraude.

4,7 por ciento de error no incluye el posible fraude

En su informe anual relativo al ejercicio 2013, los auditores concluyeron que “de la UE emiten una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de la UE y llegan a la conclusión de que la recaudación de los ingresos de la UE está exenta de errores. Sin embargo, el porcentaje de error estimado para el gasto de la UE es del 4,7 % (en 2012 fue el 4,8 %)”.

“Este porcentaje de error estimado por el TCE no mide el fraude, la ineficacia o el despilfarro, sino los fondos que no deberían haberse abonado con cargo al presupuesto de la UE porque no se utilizaron con arreglo a sus normas”, señaló el TCE.

 

Por Anastasia Gubin  – La gran Época

 

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